Universidad Pública, ¿traslado, arancelamiento o cierre?
por Lic. Noel Chapire
Durante su primera presidencia, Carlos Menem decidió, en 1991, transferir la gestión de la educación inicial, primaria y secundaria a las provincias, una medida que había comenzado en la década de 1970 durante el proceso militar. El principal problema de esta medida fue que la transferencia no fue acompañada por los recursos necesarios para sostenerla, lo que generó dificultades en las finanzas provinciales, especialmente en lo referente a infraestructura, salarios docentes y calidad educativa. Todo esto en el marco de una política de reducción del déficit fiscal y descentralización de funciones, alineada con las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. A 33 años de aquellas medidas, hoy se atraviesa una nueva crisis que pone en duda el valor de la educación pública y no arancelada.
En las últimas décadas, la cantidad de universidades públicas en Argentina ha crecido significativamente, lo que ha permitido una mayor democratización del acceso a la educación superior. Sin embargo, este crecimiento ha traído aparejado un problema de centralización, ya que muchas de las instituciones más prestigiosas y con mayores recursos se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias más desarrolladas. Esto genera una desigualdad estructural, ya que las universidades ubicadas en provincias menos desarrolladas enfrentan dificultades para competir en términos de infraestructura, investigación y retención de personal académico calificado.
Además, existe una creciente preocupación sobre la sustentabilidad financiera de estas instituciones. Las provincias, debido a la falta de recursos económicos y a la crisis fiscal, enfrentan dificultades para sostener el sistema universitario, lo que podría derivar en el cierre de algunas universidades públicas o en una reducción significativa de su presupuesto y oferta académica. El financiamiento de las universidades públicas en Argentina proviene mayoritariamente del Estado nacional, y las provincias a menudo carecen de la capacidad económica para compensar las brechas de recursos. El reciente veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que tenía como objetivo principal la recomposición de salarios docentes, desató un sinfín de discusiones sobre las intenciones del oficialismo respecto al futuro de la universidad pública.
En comparación, los países desarrollados invierten porcentajes significativos de su PIB en educación. Por ejemplo, los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca) destinan entre el 6% y el 7% de su PIB a la educación, mientras que Alemania invierte alrededor del 5%, con especial énfasis en la formación técnica y universitaria. En Argentina, la Ley de Financiamiento Educativo establece una inversión mínima del 6% del PIB en educación en general, pero en la práctica, este objetivo no siempre se cumple, y una proporción significativa de esos fondos se destina a mantener el sistema universitario. Esto genera tensiones sobre la suficiencia de los recursos y la capacidad de las universidades públicas para seguir operando y expandiéndose, especialmente en un contexto de crisis económica y ajuste fiscal.
La defensa de la universidad pública es esencial para garantizar el acceso a la educación superior sin distinciones socioeconómicas, contribuyendo a la equidad y al desarrollo integral del país. Las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que también promueven la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos a la sociedad. Un eventual traspaso de su financiamiento a las provincias o la imposición de aranceles podría excluir a miles de estudiantes que no podrían afrontar los costos de la educación, creando una barrera para el progreso social. Además, el desfinanciamiento progresivo no sólo impactaría en la calidad educativa y en la investigación, sino que también podría justificar su cierre bajo el argumento de que no funcionan adecuadamente. Este tipo de medidas constituyen un retroceso en el derecho a la educación y en el compromiso con la movilidad social ascendente, profundizando las desigualdades regionales y privando al país de uno de sus principales motores de desarrollo y progreso social.
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